Preocupante fallo de la Suprema en salud

La Corte Suprema dictó un tercer grupo de fallos con efectos generales en materia de isapres. Mientras que en agosto del año pasado resolvió sobre el reajuste del precio base de los planes y, en noviembre, sobre la tabla de factores, esta vez la decisión de la Corte Suprema recayó sobre la prima por las Garantías Explícitas en Salud o GES.

La Corte habría tomado una prima anual muy por debajo del promedio de 12,6 UF que, desde octubre, cobra la industria para atender las garantías GES. Lo anterior configura una situación muy grave. Por lo pronto, la dictación de sentencias con efectos generales es irregular y no debería convertirse en una práctica habitual de la Corte Suprema. Más aún, llama la atención que, tras la polémica causada por el fallo sobre tablas de factores y las enormes dificultades de implementación que, después de nueve meses, aún mantiene dicha sentencia, la Corte Suprema insista en dictar fallos de características similares.

Dictar sentencias con efectos generales es irregular y no debería convertirse en una práctica habitual de la Corte Suprema.

Adicionalmente, es preocupante que los jueces pretendan hacer fijaciones de precios por medio de la dictación de sentencias. De este modo, la Corte Suprema afecta directamente las políticas públicas, sin contar con las atribuciones legales ni las competencias técnicas para ello.

De hecho, diversos expertos han señalado que la decisión provocaría un grave impacto sobre el sistema de salud. Al menos tres isapres no estarían en condiciones de cumplir con los indicadores de liquidez exigidos por la ley, y dos isapres ya anunciaron la suspensión de la venta de planes nuevos. La posible insolvencia del sistema asegurador privado podría afectar no sólo a sus beneficiarios, sino que también a prestadores privados, sus trabajadores y a quienes hoy están en Fonasa.

En lo relativo a la garantía de oportunidad que la ley asegura a las 87 patologías GES vigentes, los afiliados que están siendo atendidos por alguna de ellas y cuyas isapres podrían quebrar tras el fallo, pasarán a engrosar la lista de espera GES del sector público, hoy con más de 70 mil casos, fenómeno que no ocurre en el sistema Isapre.

De este modo, el colapso general del sistema podría provocar una situación contraproducente, afectando muy gravemente el derecho a la salud que la Corte Suprema dice querer proteger.